Vie. Feb 26th, 2021

«Es segregación de clase. Ineficaz e injusta. No puede tolerarse. Ayuso, confínate tú primero». Apenas habían pasado unos minutos desde que la Comunidad de Madrid anunciase que en 37 zonas básicas de salud se establecerían restricciones a la movilidad para atajar la expansión del coronavirus cuando el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ya había lanzado ese mensaje en sus redes sociales. La idea de la discriminación se inoculó como la pólvora entre los barrios afectados, lugares donde la izquierda tiene mayor predicamento. A pesar de los criterios técnicos esgrimidos por la Consejería de Sanidad y de la supuesta «tregua» entre el Gobierno de la Nación y el Ejecutivo regional, la agitación en la calle para redoblar la presión hacia Isabel Díaz Ayuso estaba servida.

El caldo de cultivo y la tensión política generada durante esta semana culminaron este domingo en una retahíla de concentraciones organizadas en seis puntos de la capital para pedir la dimisión de la presidenta regional. Tras las pancartas de la plaza de Quintana, Legazpi, Marqués de Vadillo, Puente de Vallecas, Cibeles y la Puerta del Sol estaban dirigentes de CC.OO., UGT, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Izquierda Unida, Más Madrid, Podemos y, al final, también PSOE-M.

Los constantes llamamientos a la unidad política que hizo el pasado lunes Pedro Sánchez en la reunión con Díaz Ayuso –en los que llegó a afirmar que la lucha contra el Covid-19 es «epidemiológica, no ideológica»–, fueron como una raya en el agua. La prueba que vaticinaba que el comité de coordinación entre ambas administraciones tenía poco espíritu de confraternizar es que desde la agrupación socialista madrileña se mantuvo el apoyo a la concentración que se produjo ayer y que contó con la presencia de varios concejales y diputados del PSOE.

Junto a los sindicatos, que han promovido durante estos días huelgas en distintos sectores como la de educación, la Funeraria de Madrid o la de los sanitarios –que ha sido desconvocada a última hora–, la «ofensiva» contra las medidas tomadas por el Gobierno de PP-Cs llegaron también desde la FRAVM. «Tenemos a una irresponsable al frente del Gobierno regional, a una frívola, a una temeraria. Se lo vamos a volver a decir», arengaba ayer el presidente de la FRAVM, Enrique Villalobos, a quien el gobierno del Ayuntamiento de Madrid tildó de ejercer un «activismo fuera de lugar» sobre las restricciones al sumarse a «debates hipócritas y demagogos». «No se trata de segregar a nadie, se trata de cuidar a personas en zonas especialmente afectadas, como pasa en otras ciudades, donde nadie dice nada», defendió la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, tras ser preguntada sobre si mantendrán las subvenciones a esta organización, algo que rechazó de plano: «No caeremos en el sectarismo de algunos y no interrumpiremos las colaboraciones», sostuvo.

En los tribunales
La presión sobre el Gobierno regional, más allá de la calle, se reconoce en instituciones de diferente nivel. A la evidente campaña de la oposición, se suma la de los ayuntamientos socialistas que se ven afectados por las restricciones. Como en el caso del Gobierno de la nación, los alcaldes redoblan su ofensiva para que la Comunidad amplíe las medidas a todo el término municipal y no solo a las zonas básicas de salud. El primero fue el regidor de Parla, que defendió a principios de la semana pasada que los confinamientos quirúrgicos generaban desequilibrios entre los vecinos de la localidad. Tras él hicieron lo propio sus homólogos en Getafe, Móstoles o Alcorcón.

Quien merece un capítulo aparte es Fuenlabrada. El alcalde, Javier Ayala, llevará este lunes a los tribunales los criterios que ha seguido la Consejería de Sanidad para confinar determinadas zonas. A su juicio, la zona de Panaderas fue cerrada cuando no alcanzaba una incidencia de mil contagios por cada 100.000 habitantes, mientras que otras como Las Fronteras, en Torrejón de Ardoz, sí lo superaban y se han librado. La consejería, no obstante, defendió que si no se han confinado algunas áreas es porque no cumplen con los tres requisitos necesarios: una incidencia de mil casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, una incidencia acumulada con tendencia estable y una contigüidad geográfica que facilite el control perimetral de la movilidad.,
«Es segregación de clase. Ineficaz e injusta. No puede tolerarse. Ayuso, confínate tú primero». Apenas habían pasado unos minutos desde que la Comunidad de Madrid anunciase que en 37 zonas básicas de salud se establecerían restricciones a la movilidad para atajar la expansión del coronavirus cuando el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ya había lanzado ese mensaje en sus redes sociales. La idea de la discriminación se inoculó como la pólvora entre los barrios afectados, lugares donde la izquierda tiene mayor predicamento. A pesar de los criterios técnicos esgrimidos por la Consejería de Sanidad y de la supuesta «tregua» entre el Gobierno de la Nación y el Ejecutivo regional, la agitación en la calle para redoblar la presión hacia Isabel Díaz Ayuso estaba servida.

El caldo de cultivo y la tensión política generada durante esta semana culminaron este domingo en una retahíla de concentraciones organizadas en seis puntos de la capital para pedir la dimisión de la presidenta regional. Tras las pancartas de la plaza de Quintana, Legazpi, Marqués de Vadillo, Puente de Vallecas, Cibeles y la Puerta del Sol estaban dirigentes de CC.OO., UGT, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Izquierda Unida, Más Madrid, Podemos y, al final, también PSOE-M.

Los constantes llamamientos a la unidad política que hizo el pasado lunes Pedro Sánchez en la reunión con Díaz Ayuso –en los que llegó a afirmar que la lucha contra el Covid-19 es «epidemiológica, no ideológica»–, fueron como una raya en el agua. La prueba que vaticinaba que el comité de coordinación entre ambas administraciones tenía poco espíritu de confraternizar es que desde la agrupación socialista madrileña se mantuvo el apoyo a la concentración que se produjo ayer y que contó con la presencia de varios concejales y diputados del PSOE.

Junto a los sindicatos, que han promovido durante estos días huelgas en distintos sectores como la de educación, la Funeraria de Madrid o la de los sanitarios –que ha sido desconvocada a última hora–, la «ofensiva» contra las medidas tomadas por el Gobierno de PP-Cs llegaron también desde la FRAVM. «Tenemos a una irresponsable al frente del Gobierno regional, a una frívola, a una temeraria. Se lo vamos a volver a decir», arengaba ayer el presidente de la FRAVM, Enrique Villalobos, a quien el gobierno del Ayuntamiento de Madrid tildó de ejercer un «activismo fuera de lugar» sobre las restricciones al sumarse a «debates hipócritas y demagogos». «No se trata de segregar a nadie, se trata de cuidar a personas en zonas especialmente afectadas, como pasa en otras ciudades, donde nadie dice nada», defendió la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, tras ser preguntada sobre si mantendrán las subvenciones a esta organización, algo que rechazó de plano: «No caeremos en el sectarismo de algunos y no interrumpiremos las colaboraciones», sostuvo.

En los tribunales
La presión sobre el Gobierno regional, más allá de la calle, se reconoce en instituciones de diferente nivel. A la evidente campaña de la oposición, se suma la de los ayuntamientos socialistas que se ven afectados por las restricciones. Como en el caso del Gobierno de la nación, los alcaldes redoblan su ofensiva para que la Comunidad amplíe las medidas a todo el término municipal y no solo a las zonas básicas de salud. El primero fue el regidor de Parla, que defendió a principios de la semana pasada que los confinamientos quirúrgicos generaban desequilibrios entre los vecinos de la localidad. Tras él hicieron lo propio sus homólogos en Getafe, Móstoles o Alcorcón.

Quien merece un capítulo aparte es Fuenlabrada. El alcalde, Javier Ayala, llevará este lunes a los tribunales los criterios que ha seguido la Consejería de Sanidad para confinar determinadas zonas. A su juicio, la zona de Panaderas fue cerrada cuando no alcanzaba una incidencia de mil contagios por cada 100.000 habitantes, mientras que otras como Las Fronteras, en Torrejón de Ardoz, sí lo superaban y se han librado. La consejería, no obstante, defendió que si no se han confinado algunas áreas es porque no cumplen con los tres requisitos necesarios: una incidencia de mil casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, una incidencia acumulada con tendencia estable y una contigüidad geográfica que facilite el control perimetral de la movilidad.

Por