Mié. Ago 4th, 2021

No le podía habido salido peor su gestión en la crisis venezolana. Después de organizar una misión medio clandestina para tratar de convencer a la dictadura venezolana de que abriese una rendija que le permitiese reconocer las próximas elecciones legislativas a cambio de que accediesen a retrasarlas, no solo ha obtenido un sonoro portazo por parte del régimen de Maduro, sino que en el Parlamento Europeo se ha tramitado la petición para que comparezca en el próximo pleno, con la perspectiva de que una mayoría acabe pidiendo su dimisión.

El primer síntoma del fracaso estrepitoso de Josep Borrell lo adelantó ayer mismo el excandidato opositor Henrique Capriles, que hace unas semanas se había prestado precisamente a la maniobra de aceptar presentarse a las elecciones previstas para el 6 de diciembre, en contra de lo que había decidido el conjunto de las fuerzas democráticas, en una turbia maniobra en la que se implicó incluso la diplomacia turca. Dado que su situación se había vuelto insostenible, ayer en una declaración pública, Capriles hizo un último intento para ablandar al régimen de Nicolás Maduro y que acediese a retrasar las elecciones, puesto que hasta la misión diplomática europea había constatado que en estos momentos no se dan las condiciones para que sean mínimamente aceptables desde el punto de vista democrático. «Esta elección tiene que ser postergada, y exigimos que sea postergada, por pandemia, por la situación del país, y para que la elección le sirva a Venezuela», dijo el también exgobernador de Miranda en un vídeo transmitido por las redes sociales.

Poco después, la dictadura respondió oficialmente con una declaración en la que se niega rotundamente a aplazar la convocatopria electoral y rechaza además los requisitos que había mencionado Borrell para acceder a enviar una misión de observación electoral, que hubiera sido el primer paso para poder legitimar el resultado. «Ante la invitación que le hiciera formalmente el Poder Electoral para incorporarse al proceso de observación, es lamentable que la Unión Europea responda con un pliego de condicionamientos con la pretensión de desconocer incluso taxativos mandatos constitucionales», manifestó el ministerio de Exteriores de la dictadura.

A espaldas de la oposición
La respuesta era un portazo sonoro a las intenciones de Borrell para buscar un camino por el que la UE pudiera empezar a tratar con la dictadura. Pero para el régimen de Maduro, que la UE le pida que cumpla un mínimo de requisitos para que considere válidas las votaciones, como la puesta en libertad de los presos políticos, la elección de un consejo nacional electoral independiente, el respeto a las instituciones y la posibilidad de que todos los candidatos tengan un acceso equilibrado a los medios de comunicación. Según el régimen venezolano, pedir eso es una «posición sesgada» y «un acto inadmisible, que no se corresponde con el espíritu de la invitación realizada» por parte de la dictadura para que la UE supervisase las elecciones.

La misión europea llegó a Caracas el 24 de septiembre encabezada por el secretario general adjunto del Servicio Europeo de Acción Exterior, Enrique Mora, y el director general en funciones para las Américas, Javier Niño. La misión estaba pactada exclusivamente con el régimen y solamente cuando los diplomáticos ya estaban volando se informó a la oposición democrática de que también podían reunirse con ellos, lo que desató una tormenta política en Bruselas. De hecho, ayer se aprobó en la conferencia de presidentes de los grupos políticos incluir en el orden del día del pleno de la semana que viene una petición de comparecencia de Borrell, algo que se produce muy pocas veces con tanta premura. El Partido Popular Europeo y el antiguo grupo liberal (Renew Europe) donde está Ciudadanos propusieron introducir en el orden del día del martes próximo la comparecencia de Borrell para que respondiera a las acusaciones de estar intentando pactar con la dictadura a espaldas de la oposición democrática que encabeza Juan Guaidó. La propuesta fue apoyada por los conservadores del grupo ECR (donde está Vox) y los nacional populistas del italiano Salvini, lo que permite prever que se forme una mayoría suficiente para reprender al Alto Representante.

Juan Guaidó, a quien 25 de los 27 países miembros y la propia UE reconocen como presidente encargado de Venezuela, ha pedido a los demócratas que no participen en las elecciones si las organiza la dictadura.

La gestión de Borrell enviando esta delegación tuvo un mayor eco mediático porque se conoció (no fue anunciada) justo después de que el Alto Representante hubiera almorzado en Bruselas con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que gobierna con una de las principales «antenas» del régimen venezolano en España, que es Podemos. Aparentemente daba la impresión de que había una relación directa entre una gestión y otra, teniendo en cuenta que España mantiene una posición tibia respecto a Guaidó si se compara con otros países europeos.

En los últimos años, la UE ha impuesto distintos paquetes de sanciones contra responsables de la dictadura bolivariana y el Parlamento Europeo ha aprobado sucesivas resoluciones de condena contra la dictadura.

Salir del bucle
Borrell asostiene que había informado de la misión a los países miembros de la UE y a los del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, que serían los que le habrían dado un mandato para tratar de desbloquear la situación. Sin embargo, no informó a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que ha recibido notificaciones de protesta por parte de varios eurodiputados. Además de Alto Representante, campo en el que depende del Consejo, Borrell es también vicepresidente de la Comisión Europea.

Por su parte, Capriles está intentando salir del bucle en el que se ha metido después de haber aceptado colaborar con el régimen y en ese afán intentaba ayer convencer a los militares de que no hay razones legales que impidan aplazar las elecciones, como sostiene Maduro. «La Constitución no dice nada del 6 de diciembre, porque de eso se quieren agarrar. No se dice en ningún sitio que no se puede mover una fecha, lean el artículo 219», señaló en redes sociales. En efecto, ese artículo dice textualmente: «El primer período de las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional comenzará sin convocatoria previa, el cinco de enero de cada año o el día posterior más inmediato posible». También ha dicho Capriles que nunca ha querido traicionar a la oposición por querer participar en las elecciones sino que su intención ha sido la de luchar por las condiciones para darle opción a los ciudadanos. El Consejo Nacional Electoral publicó ayer la lista de candidaturas y, en efecto, no aparece mencionado ninguno de los que se presentaban junto a él.

Un mandato «genérico»
Fuentes de toda solvencia han confirmado a ABC que el mandato que Josep Borrell recibió por parte del Grupo Internacional de Contacto en la última reunión telemática fue una «indicación genérica para que explorase vías de solución del conflicto» pero no incluía en ningún caso la autorización para que negociase directamente con la dictadura las condiciones para enviar una misión de observación electoral.

Borrell ofrecía la posibilidad de enviar primero una «misión exploratoria»por parte de funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior a cambio de que las elecciones legislativas del 6 de diciembre fueran aplazadas. Esa primera avanzadilla debería abrir el camino para que se organizase una verdadera misión de observación.,
No le podía habido salido peor su gestión en la crisis venezolana. Después de organizar una misión medio clandestina para tratar de convencer a la dictadura venezolana de que abriese una rendija que le permitiese reconocer las próximas elecciones legislativas a cambio de que accediesen a retrasarlas, no solo ha obtenido un sonoro portazo por parte del régimen de Maduro, sino que en el Parlamento Europeo se ha tramitado la petición para que comparezca en el próximo pleno, con la perspectiva de que una mayoría acabe pidiendo su dimisión.

El primer síntoma del fracaso estrepitoso de Josep Borrell lo adelantó ayer mismo el excandidato opositor Henrique Capriles, que hace unas semanas se había prestado precisamente a la maniobra de aceptar presentarse a las elecciones previstas para el 6 de diciembre, en contra de lo que había decidido el conjunto de las fuerzas democráticas, en una turbia maniobra en la que se implicó incluso la diplomacia turca. Dado que su situación se había vuelto insostenible, ayer en una declaración pública, Capriles hizo un último intento para ablandar al régimen de Nicolás Maduro y que acediese a retrasar las elecciones, puesto que hasta la misión diplomática europea había constatado que en estos momentos no se dan las condiciones para que sean mínimamente aceptables desde el punto de vista democrático. «Esta elección tiene que ser postergada, y exigimos que sea postergada, por pandemia, por la situación del país, y para que la elección le sirva a Venezuela», dijo el también exgobernador de Miranda en un vídeo transmitido por las redes sociales.

Poco después, la dictadura respondió oficialmente con una declaración en la que se niega rotundamente a aplazar la convocatopria electoral y rechaza además los requisitos que había mencionado Borrell para acceder a enviar una misión de observación electoral, que hubiera sido el primer paso para poder legitimar el resultado. «Ante la invitación que le hiciera formalmente el Poder Electoral para incorporarse al proceso de observación, es lamentable que la Unión Europea responda con un pliego de condicionamientos con la pretensión de desconocer incluso taxativos mandatos constitucionales», manifestó el ministerio de Exteriores de la dictadura.

A espaldas de la oposición
La respuesta era un portazo sonoro a las intenciones de Borrell para buscar un camino por el que la UE pudiera empezar a tratar con la dictadura. Pero para el régimen de Maduro, que la UE le pida que cumpla un mínimo de requisitos para que considere válidas las votaciones, como la puesta en libertad de los presos políticos, la elección de un consejo nacional electoral independiente, el respeto a las instituciones y la posibilidad de que todos los candidatos tengan un acceso equilibrado a los medios de comunicación. Según el régimen venezolano, pedir eso es una «posición sesgada» y «un acto inadmisible, que no se corresponde con el espíritu de la invitación realizada» por parte de la dictadura para que la UE supervisase las elecciones.

La misión europea llegó a Caracas el 24 de septiembre encabezada por el secretario general adjunto del Servicio Europeo de Acción Exterior, Enrique Mora, y el director general en funciones para las Américas, Javier Niño. La misión estaba pactada exclusivamente con el régimen y solamente cuando los diplomáticos ya estaban volando se informó a la oposición democrática de que también podían reunirse con ellos, lo que desató una tormenta política en Bruselas. De hecho, ayer se aprobó en la conferencia de presidentes de los grupos políticos incluir en el orden del día del pleno de la semana que viene una petición de comparecencia de Borrell, algo que se produce muy pocas veces con tanta premura. El Partido Popular Europeo y el antiguo grupo liberal (Renew Europe) donde está Ciudadanos propusieron introducir en el orden del día del martes próximo la comparecencia de Borrell para que respondiera a las acusaciones de estar intentando pactar con la dictadura a espaldas de la oposición democrática que encabeza Juan Guaidó. La propuesta fue apoyada por los conservadores del grupo ECR (donde está Vox) y los nacional populistas del italiano Salvini, lo que permite prever que se forme una mayoría suficiente para reprender al Alto Representante.

Juan Guaidó, a quien 25 de los 27 países miembros y la propia UE reconocen como presidente encargado de Venezuela, ha pedido a los demócratas que no participen en las elecciones si las organiza la dictadura.

La gestión de Borrell enviando esta delegación tuvo un mayor eco mediático porque se conoció (no fue anunciada) justo después de que el Alto Representante hubiera almorzado en Bruselas con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que gobierna con una de las principales «antenas» del régimen venezolano en España, que es Podemos. Aparentemente daba la impresión de que había una relación directa entre una gestión y otra, teniendo en cuenta que España mantiene una posición tibia respecto a Guaidó si se compara con otros países europeos.

En los últimos años, la UE ha impuesto distintos paquetes de sanciones contra responsables de la dictadura bolivariana y el Parlamento Europeo ha aprobado sucesivas resoluciones de condena contra la dictadura.

Salir del bucle
Borrell asostiene que había informado de la misión a los países miembros de la UE y a los del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, que serían los que le habrían dado un mandato para tratar de desbloquear la situación. Sin embargo, no informó a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que ha recibido notificaciones de protesta por parte de varios eurodiputados. Además de Alto Representante, campo en el que depende del Consejo, Borrell es también vicepresidente de la Comisión Europea.

Por su parte, Capriles está intentando salir del bucle en el que se ha metido después de haber aceptado colaborar con el régimen y en ese afán intentaba ayer convencer a los militares de que no hay razones legales que impidan aplazar las elecciones, como sostiene Maduro. «La Constitución no dice nada del 6 de diciembre, porque de eso se quieren agarrar. No se dice en ningún sitio que no se puede mover una fecha, lean el artículo 219», señaló en redes sociales. En efecto, ese artículo dice textualmente: «El primer período de las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional comenzará sin convocatoria previa, el cinco de enero de cada año o el día posterior más inmediato posible». También ha dicho Capriles que nunca ha querido traicionar a la oposición por querer participar en las elecciones sino que su intención ha sido la de luchar por las condiciones para darle opción a los ciudadanos. El Consejo Nacional Electoral publicó ayer la lista de candidaturas y, en efecto, no aparece mencionado ninguno de los que se presentaban junto a él.

Un mandato «genérico»
Fuentes de toda solvencia han confirmado a ABC que el mandato que Josep Borrell recibió por parte del Grupo Internacional de Contacto en la última reunión telemática fue una «indicación genérica para que explorase vías de solución del conflicto» pero no incluía en ningún caso la autorización para que negociase directamente con la dictadura las condiciones para enviar una misión de observación electoral.

Borrell ofrecía la posibilidad de enviar primero una «misión exploratoria»por parte de funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior a cambio de que las elecciones legislativas del 6 de diciembre fueran aplazadas. Esa primera avanzadilla debería abrir el camino para que se organizase una verdadera misión de observación.

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