Dom. May 9th, 2021

«No esperaba que hiciesen política con el dolor humano», lamentó y reprochó ayer el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al portavoz del Grupo Socialista. Lo hizo después de escuchar cómo Luis Tudanca se agarraba al caso de Sonia Sáinz-Maza, la burgalesa de 48 años fallecida con cáncer de colon tras tres meses sin lograr una consulta presencial ante su médico de Espinosa de los Monteros, para cargar contra la política sanitaria de PP y Ciudadanos y vincularlo con la despoblación.

«Esto no puede volver a pasar», reclamó el dirigente socialista, a quien Mañueco afeó el uso de un fallecimiento como argumento político. El presidente de la Junta lamentó lo ocurrido y volvió a expresar el pésame del Gobierno de Castilla y León a la familia, además de comprometer una investigación sobre lo sucedido.

Pero Tudanca no fue el único socialista que utilizó este luctuoso caso, dado a conocer por Lidia, la hermana de la fallecida, para sostener sus críticas en materia sanitaria contra el Ejecutivo autónomico. «Son ustedes responsables del sistema demencial que han puesto en marcha», que ha tenido «secuestrada» la sanidad y haber «privado de asistencia médica» a la población, espetó el procurador Diego Moreno, quien se preguntó «cuántos casos más» como el de la burgalesa ha habido.

Un exceso de mortalidad en plena pandemia que en Castilla y León ha sufrido dos picos y 3.500 decesos a mayores, reconoció. En Castilla-La Mancha, con una incidencia del coronavirus similar y 400.000 habitantes menos, de casi 5.400, lo que deja una diferencia de más de 1.800 a mayores, contrapuso Igea. Supondrían, ejemplificó, «diez» casos como el de Sonia «al día» en estos seis meses. «Cada muerto, cada uno de esos 3.500 nos pesa mucho más que a usted», replicó a los argumentos del procurador socialista, a quien afeó que por segunda vez su grupo utilizase este tema como argumento. Médico de profesión, preguntó al parlamentario del PSOE si él «alguna vez» había tenido «una vida en sus manos y se le ha ido», a un paciente con cáncer de color. «No voy a contestar. No tienen ustedes ni dignidad, ni moral ni vergüenza», concluyó Igea, provocando el más prolongado aplauso de una Cámara con presencia reducida de parlamentarios para mantener las distancias por el Covid-19.

Un fallecimiento que la Fiscalía Superior de Castilla y León ha encargado a la de Burgos investigar por si puede haber algún delito después de que la mujer fallecida el pasado 13 de agosto sólo fuese atendida por teléfono durante tres meses, en plena pandemia, y tratada de reuma, antes de diagnosticarle un cáncer. El Defensor del Paciente solicitó a la Fiscalía que se investiguen los hechos por entender que podían ser constitutivos de delito de omisión del deber de atención con resultado de muerte. Al parecer, la mujer falleció por un cáncer de colon con metástasis, sin que, a pesar de las persistentes llamadas a su médico de familia, éste admitiera verla en consulta, ni explorarla. Según familiares de la víctima ni siquiera la mandó una analítica. Finalmente se le detectó un cáncer que la mantuvo hospitalizada un mes, hasta su fallecimiento.

«Precio a una vida»
La sanidad, junto a las residencias de ancianos y personas con discapacidad, volvieron a copar buena parte de la sesión de control el Gobierno, con críticas desde la oposición a cómo se ha trabajado para afrontar esta segunda ola del Covid-19, cuyo pico, admitió la consejera, se ha adelantado. Eso sí, de mantenerse la curva de crecimiento actual y no coger la velocidad del primer impacto «no vamos a colapsar». Y los geriátricos, donde el virus se ha vuelto a colar, «no están colapsados», defendió también la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, antes los reproches de PSOE y Podemos.

«¿Cuál es la actitud de su partido ante esta pandemia? ¿Cuál son sus convicciones morales? ¿Qué precio le ha puesto su formación a una vida humana en esta pandemia?», preguntó a modo de crítica Mañueco al procurador del Vox, Jesús García-Conde, quien acusó al presidente de la Junta de que hay «responsabilidades políticas sin asumir» en esta crisis.,
«No esperaba que hiciesen política con el dolor humano», lamentó y reprochó ayer el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al portavoz del Grupo Socialista. Lo hizo después de escuchar cómo Luis Tudanca se agarraba al caso de Sonia Sáinz-Maza, la burgalesa de 48 años fallecida con cáncer de colon tras tres meses sin lograr una consulta presencial ante su médico de Espinosa de los Monteros, para cargar contra la política sanitaria de PP y Ciudadanos y vincularlo con la despoblación.

«Esto no puede volver a pasar», reclamó el dirigente socialista, a quien Mañueco afeó el uso de un fallecimiento como argumento político. El presidente de la Junta lamentó lo ocurrido y volvió a expresar el pésame del Gobierno de Castilla y León a la familia, además de comprometer una investigación sobre lo sucedido.

Pero Tudanca no fue el único socialista que utilizó este luctuoso caso, dado a conocer por Lidia, la hermana de la fallecida, para sostener sus críticas en materia sanitaria contra el Ejecutivo autónomico. «Son ustedes responsables del sistema demencial que han puesto en marcha», que ha tenido «secuestrada» la sanidad y haber «privado de asistencia médica» a la población, espetó el procurador Diego Moreno, quien se preguntó «cuántos casos más» como el de la burgalesa ha habido.

Un exceso de mortalidad en plena pandemia que en Castilla y León ha sufrido dos picos y 3.500 decesos a mayores, reconoció. En Castilla-La Mancha, con una incidencia del coronavirus similar y 400.000 habitantes menos, de casi 5.400, lo que deja una diferencia de más de 1.800 a mayores, contrapuso Igea. Supondrían, ejemplificó, «diez» casos como el de Sonia «al día» en estos seis meses. «Cada muerto, cada uno de esos 3.500 nos pesa mucho más que a usted», replicó a los argumentos del procurador socialista, a quien afeó que por segunda vez su grupo utilizase este tema como argumento. Médico de profesión, preguntó al parlamentario del PSOE si él «alguna vez» había tenido «una vida en sus manos y se le ha ido», a un paciente con cáncer de color. «No voy a contestar. No tienen ustedes ni dignidad, ni moral ni vergüenza», concluyó Igea, provocando el más prolongado aplauso de una Cámara con presencia reducida de parlamentarios para mantener las distancias por el Covid-19.

Un fallecimiento que la Fiscalía Superior de Castilla y León ha encargado a la de Burgos investigar por si puede haber algún delito después de que la mujer fallecida el pasado 13 de agosto sólo fuese atendida por teléfono durante tres meses, en plena pandemia, y tratada de reuma, antes de diagnosticarle un cáncer. El Defensor del Paciente solicitó a la Fiscalía que se investiguen los hechos por entender que podían ser constitutivos de delito de omisión del deber de atención con resultado de muerte. Al parecer, la mujer falleció por un cáncer de colon con metástasis, sin que, a pesar de las persistentes llamadas a su médico de familia, éste admitiera verla en consulta, ni explorarla. Según familiares de la víctima ni siquiera la mandó una analítica. Finalmente se le detectó un cáncer que la mantuvo hospitalizada un mes, hasta su fallecimiento.

«Precio a una vida»
La sanidad, junto a las residencias de ancianos y personas con discapacidad, volvieron a copar buena parte de la sesión de control el Gobierno, con críticas desde la oposición a cómo se ha trabajado para afrontar esta segunda ola del Covid-19, cuyo pico, admitió la consejera, se ha adelantado. Eso sí, de mantenerse la curva de crecimiento actual y no coger la velocidad del primer impacto «no vamos a colapsar». Y los geriátricos, donde el virus se ha vuelto a colar, «no están colapsados», defendió también la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, antes los reproches de PSOE y Podemos.

«¿Cuál es la actitud de su partido ante esta pandemia? ¿Cuál son sus convicciones morales? ¿Qué precio le ha puesto su formación a una vida humana en esta pandemia?», preguntó a modo de crítica Mañueco al procurador del Vox, Jesús García-Conde, quien acusó al presidente de la Junta de que hay «responsabilidades políticas sin asumir» en esta crisis.

Por