Lun. Jun 14th, 2021

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha enviado un escrito al Congreso de los Diputados este mismo lunes y al que ha tenido acceso ABC, en el que denuncian inseguridad jurídica en las instituciones, concretamente en las comisiones de Infancia y Educación del Congreso. Alertan sobre el uso de diferentes criterios para acordar la celebración de comparecencias en las distintas proposiciones o proyectos de ley que se encuentren en trámite en la Cámara Baja, por lo que consideran que se está haciendo un uso partidista de las comisiones por parte del PSOE. De hecho, estas se han avalado en la Comisión de Infancia pero no en la de Educación, donde actualmente se tramita la controvertida «ley Celaá». No solo Cs sino otros partidos de la oposición temen que se impida la participación de la sociedad civil en el debate sobre este proyecto de ley. Esto se votará mañana.

¿Cómo ha llegado el PSOE a esta situación según el partido de Inés Arrimadas? Cs explica en su escrito que el pasado 29 de septiembre y, en cumplimiento de los puntos del orden del día «acordados pero no consultados a la totalidad de los miembros presentes» (entre ellos Cs), se acuerda en la reunión de la Mesa y Portavoces de la Comisión de Infancia del Congreso «la celebración de las comparecencias de cuatro representantes de diversas asociaciones externas para “dar cuenta a la Comisión sobre propuesta de enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia”».

Pese a que dichas solicitudes de comparecencia no aparecen registradas en el listado de asuntos pendientes de la Comisión estas se celebran al día siguiente con la intervención de Save The Children, Plataforma por la Infancia, Temis y Clara Martínez.

En paralelo, el 24 de septiembre, Cs registró también peticiones de comparecencias para la Comisión de Educación de un conjunto de asociaciones y expertos para realizar una valoración sobre la «ley Celaá» y las enmiendas a su articulado.

Cinco días después, la Mesa del Congreso rechazó las comparecencias bajo el siguiente argumento: «Comunicar al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa que, en los términos en que está formulada, no procede su admisión a trámite, en la medida en que las solicitudes de comparecencia de particulares previstas en el artículo 44.4 del Reglamento lo son a los meros efectos de información y asesoramiento a la Comisión, sin que proceda el ejercicio de la función de control a través de los mismos».

«Indefensión»
Cs denuncia el uso de diferentes baremos para permitir unas y denegar otras: «Mientras que las comparecencias de la Comisión de Infancia han sido calificadas favorablemente, lo han sido desfavorablemente en el caso de la de Educación».

Cs advierte de que «se produce una situación de inseguridad jurídica respecto a los criterios usados por la Mesa para su calificación, pues en el caso de la Comisión de Infancia no se ha considerado que la comparecencia de particulares supusiera un ejercicio de control, cuando su objeto era el mismo que las comparecencias ante la Comisión de Educación, esto es, informar sobre el proyecto de ley y sus enmiendas».

Respecto a la no notificación de las comparecencias, la diputada Marta Martín, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, solicitó en dos ocasiones a la presidenta de la comisión en funciones, Yolanda Seva Ruiz, un informe jurídico sobre la regularidad del procedimiento pero fueron desatendidas. Ante este hecho, Cs considera que se ha dejado a la diputada ante una situación de «indefensión». «Si un grupo plantea dudas sobre la legalidad de un procedimiento seguido y solicita un informe, debería ser atendido por el Presidente de la Comisión, convocando una Mesa para hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento que establece que “Los Letrados prestarán en las Comisiones y respecto de sus Mesas y Ponencias, el asesoramiento técnico jurídico necesario para el cumplimiento de las tareas a aquéllas encomendadas…”»,
El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha enviado un escrito al Congreso de los Diputados este mismo lunes y al que ha tenido acceso ABC, en el que denuncian inseguridad jurídica en las instituciones, concretamente en las comisiones de Infancia y Educación del Congreso. Alertan sobre el uso de diferentes criterios para acordar la celebración de comparecencias en las distintas proposiciones o proyectos de ley que se encuentren en trámite en la Cámara Baja, por lo que consideran que se está haciendo un uso partidista de las comisiones por parte del PSOE. De hecho, estas se han avalado en la Comisión de Infancia pero no en la de Educación, donde actualmente se tramita la controvertida «ley Celaá». No solo Cs sino otros partidos de la oposición temen que se impida la participación de la sociedad civil en el debate sobre este proyecto de ley. Esto se votará mañana.

¿Cómo ha llegado el PSOE a esta situación según el partido de Inés Arrimadas? Cs explica en su escrito que el pasado 29 de septiembre y, en cumplimiento de los puntos del orden del día «acordados pero no consultados a la totalidad de los miembros presentes» (entre ellos Cs), se acuerda en la reunión de la Mesa y Portavoces de la Comisión de Infancia del Congreso «la celebración de las comparecencias de cuatro representantes de diversas asociaciones externas para “dar cuenta a la Comisión sobre propuesta de enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia”».

Pese a que dichas solicitudes de comparecencia no aparecen registradas en el listado de asuntos pendientes de la Comisión estas se celebran al día siguiente con la intervención de Save The Children, Plataforma por la Infancia, Temis y Clara Martínez.

En paralelo, el 24 de septiembre, Cs registró también peticiones de comparecencias para la Comisión de Educación de un conjunto de asociaciones y expertos para realizar una valoración sobre la «ley Celaá» y las enmiendas a su articulado.

Cinco días después, la Mesa del Congreso rechazó las comparecencias bajo el siguiente argumento: «Comunicar al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa que, en los términos en que está formulada, no procede su admisión a trámite, en la medida en que las solicitudes de comparecencia de particulares previstas en el artículo 44.4 del Reglamento lo son a los meros efectos de información y asesoramiento a la Comisión, sin que proceda el ejercicio de la función de control a través de los mismos».

«Indefensión»
Cs denuncia el uso de diferentes baremos para permitir unas y denegar otras: «Mientras que las comparecencias de la Comisión de Infancia han sido calificadas favorablemente, lo han sido desfavorablemente en el caso de la de Educación».

Cs advierte de que «se produce una situación de inseguridad jurídica respecto a los criterios usados por la Mesa para su calificación, pues en el caso de la Comisión de Infancia no se ha considerado que la comparecencia de particulares supusiera un ejercicio de control, cuando su objeto era el mismo que las comparecencias ante la Comisión de Educación, esto es, informar sobre el proyecto de ley y sus enmiendas».

Respecto a la no notificación de las comparecencias, la diputada Marta Martín, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, solicitó en dos ocasiones a la presidenta de la comisión en funciones, Yolanda Seva Ruiz, un informe jurídico sobre la regularidad del procedimiento pero fueron desatendidas. Ante este hecho, Cs considera que se ha dejado a la diputada ante una situación de «indefensión». «Si un grupo plantea dudas sobre la legalidad de un procedimiento seguido y solicita un informe, debería ser atendido por el Presidente de la Comisión, convocando una Mesa para hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento que establece que “Los Letrados prestarán en las Comisiones y respecto de sus Mesas y Ponencias, el asesoramiento técnico jurídico necesario para el cumplimiento de las tareas a aquéllas encomendadas…”»

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