Vie. Abr 16th, 2021

Una céntrica oficina bancaria de Carballo, hora punta, día de feria, 3 de septiembre. Uno de los empleados pide a las personas que hacen cola en el cajero que guarden la distancia social obligada cuando el conflicto se desencadena. En ese momento, y según una denuncia presentada ante la Guardia Civil de la localidad con fecha 8 de septiembre, Ricardo Mosquera, el jefe de la Policía Local del pueblo, le dice al empleado que si hay mascarilla no es necesario mantener las distancias. El hombre le pide que se informe bien y le remite al DOG y es entonces —siempre según la versión del denunciante— cuando el jefe de la local se retira la máscara y le pide al empleado que se identifique. Un requerimiento acompañado «de una más que evidente gesticulación corporal intimidatoria» tal y como recoge la denuncia a la que ha tenido acceso ABC.

El empleado de la oficina le ruega al agente, uniformado en ese momento, que se vuelva a poner la protección facial y éste, lejos de cumplir con lo que marcan las normas sanitarias, responde reclamándole que se identifique, ante lo que él muestra su permiso de conducir, el único documento acreditativo que llevaba encima en ese momento. La denuncia presentada por el empleado da cuenta de las presuntas vejaciones a las que fue sometido en su puesto de trabajo y delante de numerosos vecinos. «Era evidente que dicho agente pretendía vilipendiarme delante de todos los clientes del banco, ya que me dijo: y ahora te voy a tener así media hora con el carnet levantado y procura que no se te caiga».

Tras ese impasse, el funcionario público comunica al trabajador que debe acompañarlo a las dependencias de la Policía local. «Me vi literalmente obligado a abandonar mi puesto de trabajo y tuve que acompañar, en contra de mi voluntad, al policía». Una vez allí, la «surrealista situación» continuó. «Tras unos 20 ó 25 minutos abandoné las dependencias policiales sin que durante mi permanencia en las mismas dicho agente hubiese tramitado ningún papel, acta o diligencia. Tampoco me fueron leídos mis derechos constitucionales», lamenta el denunciante, que en varias ocasiones a lo largo del escrito hace constar que los detalles de lo que narra fueron grabados tanto por las cámaras de seguridad de la entidad como por las colocadas en el propio despacho de la Policía Local al que fue dirigido sin oponer resistencia.

A su salida del puesto, el empleado y el director de la entidad presentaron una denuncia por una presunta detención ilegal ante el Instituto Armado. Pero poco tiempo después, y atendiendo a la información facilitada por diversas fuentes a este medio, el trabajador regresó para retirar la denuncia forzado por presiones externas. Su cambio de parecer no fue tenido en cuenta porque, al tratarse de un empleado público, la denuncia debe seguir su curso y llegar al juzgado, donde se valorarán los hechos para decidir si se debe iniciar una investigación por existir indicios de un delito de detención ilegal, o no.

El escenario en el que se produjo el rifirrafe —un día de semana con la entidad llena— propició que lo ocurrido sea ya «vox populi» en una población que suma poco más de 30.000 habitantes. Tanto es así que en el último pleno del ayuntamiento se trató la cuestión a preguntas de la formación Terra Galega, aunque no obtuvo respuesta del alcalde, el nacionalista Evencio Ferreiro.

El regidor optó por pasarle la patata caliente al concejal de Seguridad Ciudadana, quien insistió en la retirada de la denuncia. El próximo lunes la consulta será retomada en el pleno del ayuntamiento carballés, a espera de una exposición más documentada que arroje luz sobre un asunto en boca de todos. Por el momento, Mosquera sigue en su puesto —está en situación de interinidad—, sin que el Concello haya abierto ningún tipo de expediente al respecto.

Consultado a propósito de la falta de medidas a raíz de la polémica, el regidor carballés insistió en que la denuncia había sido retirada y negó tener constancia de ningún tipo de presión, tal y como defienden algunas fuentes. «Lo único que hay es que está retirada» repitió Ferreiro ante la llamada de ABC. «En absoluto hubo presiones, él rectificó y hoy mismo volvió a dirigirse al Concello para decir que había escritos sin su autorización y que él retiró la denuncia sin presiones ni nada», sostuvo. «Mientras que el juzgado no diga si ha lugar a algo, nosotros no tenemos nada que decir» expresó el regidor, que en todo momento negó la supuesta detención ilegal. Sobre lo acontecido, Ferreiro llegó a apuntar que se trató de un «procedimiento normal en la Policía Local».

«Cuando una persona no se identifica suficientemente se le pide por favor que lo acompañen para conseguir esa identificación. Nada más. Eso sucede muchas veces», mantuvo. A la hora de explicar por qué la persona presentó la denuncia para después retirarla, el alcalde se mantuvo enrocado en que «la retiró voluntariamente y sin ningún tipo de presión, según a mí me consta», manifestó.,
Una céntrica oficina bancaria de Carballo, hora punta, día de feria, 3 de septiembre. Uno de los empleados pide a las personas que hacen cola en el cajero que guarden la distancia social obligada cuando el conflicto se desencadena. En ese momento, y según una denuncia presentada ante la Guardia Civil de la localidad con fecha 8 de septiembre, Ricardo Mosquera, el jefe de la Policía Local del pueblo, le dice al empleado que si hay mascarilla no es necesario mantener las distancias. El hombre le pide que se informe bien y le remite al DOG y es entonces —siempre según la versión del denunciante— cuando el jefe de la local se retira la máscara y le pide al empleado que se identifique. Un requerimiento acompañado «de una más que evidente gesticulación corporal intimidatoria» tal y como recoge la denuncia a la que ha tenido acceso ABC.

El empleado de la oficina le ruega al agente, uniformado en ese momento, que se vuelva a poner la protección facial y éste, lejos de cumplir con lo que marcan las normas sanitarias, responde reclamándole que se identifique, ante lo que él muestra su permiso de conducir, el único documento acreditativo que llevaba encima en ese momento. La denuncia presentada por el empleado da cuenta de las presuntas vejaciones a las que fue sometido en su puesto de trabajo y delante de numerosos vecinos. «Era evidente que dicho agente pretendía vilipendiarme delante de todos los clientes del banco, ya que me dijo: y ahora te voy a tener así media hora con el carnet levantado y procura que no se te caiga».

Tras ese impasse, el funcionario público comunica al trabajador que debe acompañarlo a las dependencias de la Policía local. «Me vi literalmente obligado a abandonar mi puesto de trabajo y tuve que acompañar, en contra de mi voluntad, al policía». Una vez allí, la «surrealista situación» continuó. «Tras unos 20 ó 25 minutos abandoné las dependencias policiales sin que durante mi permanencia en las mismas dicho agente hubiese tramitado ningún papel, acta o diligencia. Tampoco me fueron leídos mis derechos constitucionales», lamenta el denunciante, que en varias ocasiones a lo largo del escrito hace constar que los detalles de lo que narra fueron grabados tanto por las cámaras de seguridad de la entidad como por las colocadas en el propio despacho de la Policía Local al que fue dirigido sin oponer resistencia.

A su salida del puesto, el empleado y el director de la entidad presentaron una denuncia por una presunta detención ilegal ante el Instituto Armado. Pero poco tiempo después, y atendiendo a la información facilitada por diversas fuentes a este medio, el trabajador regresó para retirar la denuncia forzado por presiones externas. Su cambio de parecer no fue tenido en cuenta porque, al tratarse de un empleado público, la denuncia debe seguir su curso y llegar al juzgado, donde se valorarán los hechos para decidir si se debe iniciar una investigación por existir indicios de un delito de detención ilegal, o no.

El escenario en el que se produjo el rifirrafe —un día de semana con la entidad llena— propició que lo ocurrido sea ya «vox populi» en una población que suma poco más de 30.000 habitantes. Tanto es así que en el último pleno del ayuntamiento se trató la cuestión a preguntas de la formación Terra Galega, aunque no obtuvo respuesta del alcalde, el nacionalista Evencio Ferreiro.

El regidor optó por pasarle la patata caliente al concejal de Seguridad Ciudadana, quien insistió en la retirada de la denuncia. El próximo lunes la consulta será retomada en el pleno del ayuntamiento carballés, a espera de una exposición más documentada que arroje luz sobre un asunto en boca de todos. Por el momento, Mosquera sigue en su puesto —está en situación de interinidad—, sin que el Concello haya abierto ningún tipo de expediente al respecto.

Consultado a propósito de la falta de medidas a raíz de la polémica, el regidor carballés insistió en que la denuncia había sido retirada y negó tener constancia de ningún tipo de presión, tal y como defienden algunas fuentes. «Lo único que hay es que está retirada» repitió Ferreiro ante la llamada de ABC. «En absoluto hubo presiones, él rectificó y hoy mismo volvió a dirigirse al Concello para decir que había escritos sin su autorización y que él retiró la denuncia sin presiones ni nada», sostuvo. «Mientras que el juzgado no diga si ha lugar a algo, nosotros no tenemos nada que decir» expresó el regidor, que en todo momento negó la supuesta detención ilegal. Sobre lo acontecido, Ferreiro llegó a apuntar que se trató de un «procedimiento normal en la Policía Local».

«Cuando una persona no se identifica suficientemente se le pide por favor que lo acompañen para conseguir esa identificación. Nada más. Eso sucede muchas veces», mantuvo. A la hora de explicar por qué la persona presentó la denuncia para después retirarla, el alcalde se mantuvo enrocado en que «la retiró voluntariamente y sin ningún tipo de presión, según a mí me consta», manifestó.

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