Mar. May 18th, 2021

La Audiencia Nacional ha suspendido el pago por parte de Telefónica de 29 millones de euros que le reclama la Agencia Tributaria por el IVA de los años 2009 a 2011, después de que la compañía alegara que su abono conllevaría una degradación de su rating (calificación).

Se trata de una medida cautelar que ha adoptado la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional después de que la compañía aportara un informe de Moodys Analitics, que mostraba que el pago de estos 29 millones supondría la degradación de su ‘rating’ y dificultaría su acceso a la financiación bancaria, según el auto.

El informe ha apuntado que esta financiación es «imprescindible» para abarcar los proyectos previstos por la operadora para afrontar la evolución tecnológica que el mercado requiere.

La Audiencia Nacional ha condicionado esta suspensión cautelar a que Telefónica aporte un aval bancario por estos casi 29 millones de euros con el fin de garantizar su pago en el caso de que finalmente los tribunales desestimen el recurso de Telefónica contra el acuerdo de liquidación de la agencia tributaria por el que se le reclama esta deuda.

Telefónica interpuso un recurso de reposición contra un auto del pasado mes de enero por el que el Tribunal Económico-Administrativo Central había denegado una medida cautelar que había solicitado la compañía para suspender este pago en tanto hubiera una sentencia que fuera firme.

La Sala Segunda del Tribunal Económico-Administrativo Central había desestimado la reclamación económico administrativa de Telefónica contra un acuerdo de liquidación de la Agencia Tributaria, de 2015, que le reclamaba el pago de 28,23 millones, 23,01 en concepto de IVA de los ejercicios 2009 a 2011 y el resto por los intereses de demora. Esta resolución está recurrida por Telefónica ante la Audiencia Nacional, que de momento no ha dictado sentencia.

En el escrito de reposición planteado ahora, la operadora ha aportado el informe Moodys Analitics, que constituye un «indicio claro» de que el pago de estos 29 millones podría provocar perjuicios a la compañía “de un alcance que justifican su suspensión en este trámite”.,
La Audiencia Nacional ha suspendido el pago por parte de Telefónica de 29 millones de euros que le reclama la Agencia Tributaria por el IVA de los años 2009 a 2011, después de que la compañía alegara que su abono conllevaría una degradación de su rating (calificación).

Se trata de una medida cautelar que ha adoptado la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional después de que la compañía aportara un informe de Moodys Analitics, que mostraba que el pago de estos 29 millones supondría la degradación de su ‘rating’ y dificultaría su acceso a la financiación bancaria, según el auto.

El informe ha apuntado que esta financiación es «imprescindible» para abarcar los proyectos previstos por la operadora para afrontar la evolución tecnológica que el mercado requiere.

La Audiencia Nacional ha condicionado esta suspensión cautelar a que Telefónica aporte un aval bancario por estos casi 29 millones de euros con el fin de garantizar su pago en el caso de que finalmente los tribunales desestimen el recurso de Telefónica contra el acuerdo de liquidación de la agencia tributaria por el que se le reclama esta deuda.

Telefónica interpuso un recurso de reposición contra un auto del pasado mes de enero por el que el Tribunal Económico-Administrativo Central había denegado una medida cautelar que había solicitado la compañía para suspender este pago en tanto hubiera una sentencia que fuera firme.

La Sala Segunda del Tribunal Económico-Administrativo Central había desestimado la reclamación económico administrativa de Telefónica contra un acuerdo de liquidación de la Agencia Tributaria, de 2015, que le reclamaba el pago de 28,23 millones, 23,01 en concepto de IVA de los ejercicios 2009 a 2011 y el resto por los intereses de demora. Esta resolución está recurrida por Telefónica ante la Audiencia Nacional, que de momento no ha dictado sentencia.

En el escrito de reposición planteado ahora, la operadora ha aportado el informe Moodys Analitics, que constituye un «indicio claro» de que el pago de estos 29 millones podría provocar perjuicios a la compañía “de un alcance que justifican su suspensión en este trámite”.

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