Mar. May 18th, 2021

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó ayer una resolución que extiende el mandato durante dos años más de la Misión Internacional

para la determinación de los hechos, creada en 2019 para investigar violaciones de derechos humanos en Venezuela. La misma que el pasado 17 de septiembre presentó el alarmante informe sobre las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura y tratos crueles cometidos en Venezuela cometidos desde el año 2014.

La resolución fue aprobada con 22 votos a favor, tres en contra (Eritrea, Filipinas y la propia Venezuela) y 22 abstenciones, entre ellas la de México que consideró que el texto era «poco equilibrado». Dicha resolución fue auspiciada por los países latinoamericanos pertenecientes al Grupo de Lima y se estableció que todos los informes -incluyendo el de la Misión Internacional- e intervenciones verbales de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Venezuela serán enviados a la Asamblea General y a los órganos pertinentes de la ONU.

La Misión Internacional fue creada en 2019 mediante la resolución 42/25 por un período de un año, para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde el año 2014 y está liderada por la portuguesa, Marta Valiñas, y por otros dos expertos, el chileno Francisco Cox y el británico Paul Seils. El informe publicado durante el 75 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, concluyó que el Estado venezolano ha cometido «serias violaciones a los derechos humanos» y vincula directamente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y altos cargos del régimen con crímenes de lesa humanidad.

Juan Guaidó celebró la extensión con un mensaje por su cuenta de Twitter: «Ha sido extendido el mandato de la Misión de Verificación de los Hechos de la ONU que determinó y señaló a Maduro como criminal de lesa humanidad. Es un reconocimiento a las víctimas, a sus familias, y a una sociedad que resiste ante una dictadura criminal».

El embajador venezolano ante Naciones Unidas en Ginebra, Jorge Valero, criticó la postura de la Unión Europea por apoyar la resolución y por guardar silencio ante las sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Sin embargo, fue más crítico con los países latinoamericanos que promovieron el texto, a los que apodó «El cártel de Lima», según informó EFE. Asimismo, Valero protestó por «el despilfarro de casi tres millones de dólares» que usó la «fantasmagórica» Misión Internacional para elaborar «informes falsos, sin rigor científico».

Presos políticos
La ONG venezolana Foro Penal actualizó ayer sus datos y denunció que en el país sudamericano hay 359 presos políticos, 26 más que hace un mes, cuando fueron liberados medio centenar de presos por las negociaciones entre un sector de la oposición liderado por Henrique Capriles y el Gobierno de Nicolás Maduro.

Alfredo Romero, presidente de la ONG, explicó por su cuenta de Twitter que la lista actualizada será remitida al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, así como a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Entre los detenidos se encuentran 335 hombres y 24 mujeres, de los que 232 son civiles y 127 son militares. De ellos, 357 son adultos y dos son adolescentes.

Los datos de Foro Penal agregan que, desde 2014, se han registrado 15.621 detenciones por razones políticas en Venezuela.,
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó ayer una resolución que extiende el mandato durante dos años más de la Misión Internacional

para la determinación de los hechos, creada en 2019 para investigar violaciones de derechos humanos en Venezuela. La misma que el pasado 17 de septiembre presentó el alarmante informe sobre las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura y tratos crueles cometidos en Venezuela cometidos desde el año 2014.

La resolución fue aprobada con 22 votos a favor, tres en contra (Eritrea, Filipinas y la propia Venezuela) y 22 abstenciones, entre ellas la de México que consideró que el texto era «poco equilibrado». Dicha resolución fue auspiciada por los países latinoamericanos pertenecientes al Grupo de Lima y se estableció que todos los informes -incluyendo el de la Misión Internacional- e intervenciones verbales de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Venezuela serán enviados a la Asamblea General y a los órganos pertinentes de la ONU.

La Misión Internacional fue creada en 2019 mediante la resolución 42/25 por un período de un año, para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde el año 2014 y está liderada por la portuguesa, Marta Valiñas, y por otros dos expertos, el chileno Francisco Cox y el británico Paul Seils. El informe publicado durante el 75 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, concluyó que el Estado venezolano ha cometido «serias violaciones a los derechos humanos» y vincula directamente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y altos cargos del régimen con crímenes de lesa humanidad.

Juan Guaidó celebró la extensión con un mensaje por su cuenta de Twitter: «Ha sido extendido el mandato de la Misión de Verificación de los Hechos de la ONU que determinó y señaló a Maduro como criminal de lesa humanidad. Es un reconocimiento a las víctimas, a sus familias, y a una sociedad que resiste ante una dictadura criminal».

El embajador venezolano ante Naciones Unidas en Ginebra, Jorge Valero, criticó la postura de la Unión Europea por apoyar la resolución y por guardar silencio ante las sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Sin embargo, fue más crítico con los países latinoamericanos que promovieron el texto, a los que apodó «El cártel de Lima», según informó EFE. Asimismo, Valero protestó por «el despilfarro de casi tres millones de dólares» que usó la «fantasmagórica» Misión Internacional para elaborar «informes falsos, sin rigor científico».

Presos políticos
La ONG venezolana Foro Penal actualizó ayer sus datos y denunció que en el país sudamericano hay 359 presos políticos, 26 más que hace un mes, cuando fueron liberados medio centenar de presos por las negociaciones entre un sector de la oposición liderado por Henrique Capriles y el Gobierno de Nicolás Maduro.

Alfredo Romero, presidente de la ONG, explicó por su cuenta de Twitter que la lista actualizada será remitida al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, así como a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Entre los detenidos se encuentran 335 hombres y 24 mujeres, de los que 232 son civiles y 127 son militares. De ellos, 357 son adultos y dos son adolescentes.

Los datos de Foro Penal agregan que, desde 2014, se han registrado 15.621 detenciones por razones políticas en Venezuela.

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