Lun. Jun 14th, 2021

Tres de las cuatro principales asociaciones de la carrera judicial se muestran críticas con la idea que parece estar trabajando el Gobierno de reformar la legislación para poder sortear al PP en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Entienden que el anuncio, confirmado por el presidente Pedro Sánchez pero del que no hay concreción alguna, es una maniobra ante el fracaso de las negociaciones obligadas para acometer esa renovación que ya llega casi dos años tarde, y que agravará la politización del órgano de gobierno de los jueces o, al menos, la percepción que de ella tiene la opinión pública: un paso más en una trayectoria de descrédito.

«Es profundamente inconstitucional», señala a ABC la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco. Considera que implica «cambiar las reglas de juego a mitad de partido» y en un sentido, además, que «dice muy poco de los principios y valores democráticos de quien lo predica».

Se refiere a que el camino para poder eludir el acuerdo con el PP en la renovación de las instituciones pasa por reducir los tres quintos de mayoría parlamentaria que la normativa exige hoy para renovar el mandato de la institución. Con la aritmética actual, es imposible un consenso tan grande sin incluir al principal grupo de la oposición.

Para la APM, la realidad es que se acometería «una interpretación interesada» del artículo 122 de la Constitución. que establece que para los vocales que no son jueces se impondrá esa mayoría de tres quintos. Es la razón por la que la Ley Orgánica del Poder Judicial adoptó el mismo sistema para los vocales que sí son jueces. El espíritu, el mismo: grandes bloques de consenso.

«Cuanto más reduzcas las mayorías parlamentarias para la elección de los vocales, más unilateralidad, menos independencia y más dependencia política de los nominados. Rebajar a mayoría absoluta o simple, que es lo que propone Podemos, implica ya que los candidatos no sean elegidos por el órgano parlamentario, sino por el partido, que es la antítesis de lo que debe ser el CGPJ», añade Manuel Almenar, presidente de la misma asociación.

Para Jueces Francisco de Vitoria, esto es «acelerar la marcha en el sentido equivocado». «Es paradójico, porque las asociaciones llevamos años diciendo que hay que cambiar la ley para que los vocales sean elegidos por los jueces, pero hace unas semanas se votó en el Pleno del Congreso la toma en consideración de un proyecto de Ley de Ciudadanos en ese sentido y se rechazó de plano. ¿Y ahora hablan de reformar?», plantea el portavoz Jorge Fernández Vaquero.

En su opinión, reducir la mayoría necesaria para la renovación sólo hará «aumentar más la politización del órgano para hacer más patente la vinculación ante la opinión pública entre la política y el Poder Judicial». Con todo, al igual que en APM, sostiene que hay que renovar el mandato, pero «lo prioritario es hacerlo en términos democráticamente aceptables; es decir, desde el punto de vista de la separación de poderes».

Desde el Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez habla de «fraude de ley». «Cambiar una ley que establece un procedimiento para tener la mayoría que no consigues, es un fraude». Considera que «es gravísimo» y que «la situación actual es de emergencia» porque no se cumple la Constitución cuando no se renueva el CGPJ y se trata de sortear su espíritu modificando el sistema.

Tiene que haber un «plan B»
Discrepa Jueces y Juezas por la Democracia, cuya portavoz, Ascensión Martín, defiende que en una situación «anomalía constitucional» con el CGPJ caducado desde diciembre de 2018, «lo que no se puede hacer es que haya un partido que no lo quiera renovar» y quede así paralizado.

Entiende que el Gobierno debe tener un plan B y la única solución es una reforma legal». Tampoco ve tan mal que los vocales se elijan por menos de tres quintos, «siempre que sea por mayoría».,
Tres de las cuatro principales asociaciones de la carrera judicial se muestran críticas con la idea que parece estar trabajando el Gobierno de reformar la legislación para poder sortear al PP en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Entienden que el anuncio, confirmado por el presidente Pedro Sánchez pero del que no hay concreción alguna, es una maniobra ante el fracaso de las negociaciones obligadas para acometer esa renovación que ya llega casi dos años tarde, y que agravará la politización del órgano de gobierno de los jueces o, al menos, la percepción que de ella tiene la opinión pública: un paso más en una trayectoria de descrédito.

«Es profundamente inconstitucional», señala a ABC la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco. Considera que implica «cambiar las reglas de juego a mitad de partido» y en un sentido, además, que «dice muy poco de los principios y valores democráticos de quien lo predica».

Se refiere a que el camino para poder eludir el acuerdo con el PP en la renovación de las instituciones pasa por reducir los tres quintos de mayoría parlamentaria que la normativa exige hoy para renovar el mandato de la institución. Con la aritmética actual, es imposible un consenso tan grande sin incluir al principal grupo de la oposición.

Para la APM, la realidad es que se acometería «una interpretación interesada» del artículo 122 de la Constitución. que establece que para los vocales que no son jueces se impondrá esa mayoría de tres quintos. Es la razón por la que la Ley Orgánica del Poder Judicial adoptó el mismo sistema para los vocales que sí son jueces. El espíritu, el mismo: grandes bloques de consenso.

«Cuanto más reduzcas las mayorías parlamentarias para la elección de los vocales, más unilateralidad, menos independencia y más dependencia política de los nominados. Rebajar a mayoría absoluta o simple, que es lo que propone Podemos, implica ya que los candidatos no sean elegidos por el órgano parlamentario, sino por el partido, que es la antítesis de lo que debe ser el CGPJ», añade Manuel Almenar, presidente de la misma asociación.

Para Jueces Francisco de Vitoria, esto es «acelerar la marcha en el sentido equivocado». «Es paradójico, porque las asociaciones llevamos años diciendo que hay que cambiar la ley para que los vocales sean elegidos por los jueces, pero hace unas semanas se votó en el Pleno del Congreso la toma en consideración de un proyecto de Ley de Ciudadanos en ese sentido y se rechazó de plano. ¿Y ahora hablan de reformar?», plantea el portavoz Jorge Fernández Vaquero.

En su opinión, reducir la mayoría necesaria para la renovación sólo hará «aumentar más la politización del órgano para hacer más patente la vinculación ante la opinión pública entre la política y el Poder Judicial». Con todo, al igual que en APM, sostiene que hay que renovar el mandato, pero «lo prioritario es hacerlo en términos democráticamente aceptables; es decir, desde el punto de vista de la separación de poderes».

Desde el Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez habla de «fraude de ley». «Cambiar una ley que establece un procedimiento para tener la mayoría que no consigues, es un fraude». Considera que «es gravísimo» y que «la situación actual es de emergencia» porque no se cumple la Constitución cuando no se renueva el CGPJ y se trata de sortear su espíritu modificando el sistema.

Tiene que haber un «plan B»
Discrepa Jueces y Juezas por la Democracia, cuya portavoz, Ascensión Martín, defiende que en una situación «anomalía constitucional» con el CGPJ caducado desde diciembre de 2018, «lo que no se puede hacer es que haya un partido que no lo quiera renovar» y quede así paralizado.

Entiende que el Gobierno debe tener un plan B y la única solución es una reforma legal». Tampoco ve tan mal que los vocales se elijan por menos de tres quintos, «siempre que sea por mayoría».

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