Lun. Ago 2nd, 2021

El reparto de los 7.000 millones de ayudas directas a las pymes y autónomos por el Covid trae por la calle de la amrgura a las comunidades autónomas. Estas, que son las encargadas por el Gobierno de conceder el dinero a las empresas afectadas, no pudieron redactar ni aconsejar al Gobierno sobre las condiciones que se recogía en el decreto ley para poder acceder a ellas. Como informó ABC, son muchas las empresas que no están pidiendo las ayudas por los requisitos establecidos en el decreto ley. Especialmente, el que dictamina que las ayudas no las pueden recibir aquellos pymes o autónomos que no tienen gastos de facturas pendientes. Una barrera que ahora, según ha publicado hoy La Información, Calviño quiere quitar al informar a las regiones que el dinero puede ir también destinado a las empresas que no sean morosas.

Este cambio de criterio sin constatarlo de manera oficial ha enfurecido a algunas comunidades autónomas, ya que el decreto ordena lo contrario. Por ejemplo Madrid, donde el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha mandado una carta, a la que ha tenido acceso ABC, para que «clarifique, de forma oficial, qué conceptos son susceptibles de ser financiados con cargo a estas ayudas conforme al texto aprobado».

Además, pide que «si entiende que los conceptos a financiar deben extenderse más allá de lo previsto en dicho texto legal, debería aprobar la correspondiente normativa para que los interventores autonómicos puedan fiscalizar favorablemente estas ayudas».

Antes de redactar la misiva, Lasquetty ha comparecido ante los medios antes de entrar en la conferencia sectorial convocada por Calviño para denunciar este hecho. A su juicio, no es seria la actuación de Calviño. «Nos enteramos por la información de un medio de comunicación que Economía está dispuesta a conceder esas ayudas a determinados casos que no aparecen en el decreto que aprobó el Gobierno», ha dicho.

Además, defiende que las pymes y autónomos con pérdidas cuantiosas pero sin deudas deberían haber podido acogerse a las ayudas desde el principio. «No lo puso el Gobierno en el decreto ley. Calviño lo redactó sin hablar con ninguna comunidad autónoma. ¿Qué ha pasado? Que está muy mal hecho. Ella lo redacta, lo lleva al Consejo de Ministros y ella lo firma. Ahora pretende a través de un medio de comunicación que nosotros lo apliquemos de una manera diferente de lo que lo redacta la ley», denuncia.

Como informó ABC, algunas regiones iban a hacer presión a Hacienda y Economía para que flexibilizara las condiciones de las ayudas. Además de tener deudas pendientes de pago, la norma exige como principal requisito una caída de más del 30% de la facturación respecto a 2019 por parte de las compañías interesadas, que aspiran a recibir entre 4.000 y 200.000 euros –o 500.000 en el caso de Baleares–. Unas condiciones que, según el presidente de ATA, Lorenzo Amor, provocan que «ni el 12% de los autónomos las han pedido».

Los datos recabados por ABC hasta la semana pasada también constatan que son pocas las empresas que han pedido las ayudas. Por ejemplo, en Baleares, que recibió 855 millones de euros, el Govern cifró en 33.000 las empresas que podían beneficiarse de las ayudas. Tras ampliar el plazo límite dos semanas, el número total de autónomos y pymes que han solicitado las ayudas no llegan a 12.000. Es decir, casi dos tercios menos de las previstas.

La ampliación de los plazos y el aumento de sectores que se pueden beneficiar han sido dos ‘trucos’ que las regiones han usado para aumentar el número de solicitudes, aunque sin el efecto deseado.,
El reparto de los 7.000 millones de ayudas directas a las pymes y autónomos por el Covid trae por la calle de la amrgura a las comunidades autónomas. Estas, que son las encargadas por el Gobierno de conceder el dinero a las empresas afectadas, no pudieron redactar ni aconsejar al Gobierno sobre las condiciones que se recogía en el decreto ley para poder acceder a ellas. Como informó ABC, son muchas las empresas que no están pidiendo las ayudas por los requisitos establecidos en el decreto ley. Especialmente, el que dictamina que las ayudas no las pueden recibir aquellos pymes o autónomos que no tienen gastos de facturas pendientes. Una barrera que ahora, según ha publicado hoy La Información, Calviño quiere quitar al informar a las regiones que el dinero puede ir también destinado a las empresas que no sean morosas.

Este cambio de criterio sin constatarlo de manera oficial ha enfurecido a algunas comunidades autónomas, ya que el decreto ordena lo contrario. Por ejemplo Madrid, donde el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha mandado una carta, a la que ha tenido acceso ABC, para que «clarifique, de forma oficial, qué conceptos son susceptibles de ser financiados con cargo a estas ayudas conforme al texto aprobado».

Además, pide que «si entiende que los conceptos a financiar deben extenderse más allá de lo previsto en dicho texto legal, debería aprobar la correspondiente normativa para que los interventores autonómicos puedan fiscalizar favorablemente estas ayudas».

Antes de redactar la misiva, Lasquetty ha comparecido ante los medios antes de entrar en la conferencia sectorial convocada por Calviño para denunciar este hecho. A su juicio, no es seria la actuación de Calviño. «Nos enteramos por la información de un medio de comunicación que Economía está dispuesta a conceder esas ayudas a determinados casos que no aparecen en el decreto que aprobó el Gobierno», ha dicho.

Además, defiende que las pymes y autónomos con pérdidas cuantiosas pero sin deudas deberían haber podido acogerse a las ayudas desde el principio. «No lo puso el Gobierno en el decreto ley. Calviño lo redactó sin hablar con ninguna comunidad autónoma. ¿Qué ha pasado? Que está muy mal hecho. Ella lo redacta, lo lleva al Consejo de Ministros y ella lo firma. Ahora pretende a través de un medio de comunicación que nosotros lo apliquemos de una manera diferente de lo que lo redacta la ley», denuncia.

Como informó ABC, algunas regiones iban a hacer presión a Hacienda y Economía para que flexibilizara las condiciones de las ayudas. Además de tener deudas pendientes de pago, la norma exige como principal requisito una caída de más del 30% de la facturación respecto a 2019 por parte de las compañías interesadas, que aspiran a recibir entre 4.000 y 200.000 euros –o 500.000 en el caso de Baleares–. Unas condiciones que, según el presidente de ATA, Lorenzo Amor, provocan que «ni el 12% de los autónomos las han pedido».

Los datos recabados por ABC hasta la semana pasada también constatan que son pocas las empresas que han pedido las ayudas. Por ejemplo, en Baleares, que recibió 855 millones de euros, el Govern cifró en 33.000 las empresas que podían beneficiarse de las ayudas. Tras ampliar el plazo límite dos semanas, el número total de autónomos y pymes que han solicitado las ayudas no llegan a 12.000. Es decir, casi dos tercios menos de las previstas.

La ampliación de los plazos y el aumento de sectores que se pueden beneficiar han sido dos ‘trucos’ que las regiones han usado para aumentar el número de solicitudes, aunque sin el efecto deseado.

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