Vie. Mar 5th, 2021

Dos relatos imposibles de conciliar, dos realidades antagónicas en el primer día de juicio por las supuestas irregularidades de Francisco Fernández Liñares al frente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Por un lado, ocho empresarios relatando con todo lujo de detalles cómo el entonces presidente del organismo, de nueva creación, les pedía dinero antes de recibieran adjudicaciones de obra pública, comisiones que él mismo cobraba en metálico, en ocasiones llegando a alegar que «un amigo suyo tenía problemas de dinero». Por otro, el propio Liñares, negando todo lo anterior y parapetándose en que la licitación de obras no era cometido suyo en la Confederación, y que si los empresarios pactaban entre ellos repartirse las ofertas de las obras, era algo ajeno a su conocimiento. De paso, renegó de su confesión por escrito a los agentes de Vigilancia Aduanera en septiembre de 2012 por ser hecha «tras presiones recurrentes y continuas».

El testimonio prestado por ocho de los nueve empresarios encausados en el juicio viene condicionado por el acuerdo previo de conformidad alcanzado con la Fiscalía. De hecho, José Gayoso Varela, Manuel Santiso, José Manuel Río, Antonio Díaz Pérez, José Daniel Fernández, Manuel Álvarez, Javier Marcos Anchelergues y Manuel Ángel Pico solo contestaron a preguntas del Ministerio Público, para entre unos y otros ir configurando el relato acusatorio. De acuerdo con este, Liñares avisaba a unos u a otros cuando la Confederación iba a licitar a sacar alguna obra a concurso a través del procedimiento negociado, que requiere la concurrencia de tres ofertas. Aquel a quien se avisaba ya sabía que iba a ser adjudicatario de la misma, y podía buscar por su cuenta a otras dos empresas «para hacer bulto» o en ocasiones ya les venían dadas por la CHMS y se ahorraba el trámite. Antes de que se realizara la adjudicación, Liñares les pedía una cantidad que podría oscilar entre los 15.000 y los 25.000 euros por obra, y que cobraba con anterioridad a que se oficializara la concesión de la obra a la empresa.

La casuística para la entrega del dinero era diversa. Gayoso Varela afirmó en el plenario que Liñares le pidió el dinero «porque un amigo lo necesitaba, y me dijo si podía darle algo». Manuel Ángel Pico, que conocía al principal acusado por ser ambos militantes socialistas y coincidir en actos del partido en Lugo, lo hizo «porque me dijo que tenía muchos gastos». Santiso aseveró que el sobre con los billetes lo aportó «como detalle o agradecimiento por las obras en un momento muy difícil para su empresa». «Oiga, un detalle es una caja de bombones o una caja de vino», replicó el fiscal sorprendido. «Liñares me pidió el dinero expresamente», afirmó taxativo José Daniel Fernández, «si no, no me daba la obra». Este, incluso, «como gratificación», le plantó varios centenares de árboles en una finca que Liñares tenía en Monterroso, aunque acusado y fiscal no se pusieron de acuerdo en si eran 600 o 10.000.

La voz discordante entre los empresarios fue Julio Franco Criado, que pese a reconocer una amistad con Liñares, negó haber concertado con ninguna otra contrata precios en los procesos de licitación, haber pagado mordidas o que se le hubieran pedido en ningún momento. Y los trabajos fitosanitarios que realizó en propiedades del presidente de la CHMS fueron abonados contra factura y no como regalía de ningún tipo.

Liñares lo niega todo
Intervino el último en la primera sesión del juicio por expreso deseo de la Fiscalía, y no defraudó. Francisco Fernández Liñares, exconcejal socialista de Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil se hizo una enmienda a todo lo dicho por él mismo en la fase de instrucción que dirigió la juez Pilar de Lara. En contra de lo manifestado por el resto de acusados, rechazó de manera «absoluta» haber cobrado dinero por adjudicar obras desde el organismo, porque «en mi despacho no había nunca expedientes de contrataciones de obras». Liñares explicó, en su calidad de primer presidente de la Confederación, cómo puso en marcha la organización administrativa de la misma, y entre sus decisiones «a modo de garantía», destacó la incorporación «del abogado del Estado en la provincia y al interventor de Hacienda» en las mesas de contratación. Acto seguido, no obstante, reconoció que de todas las obras bajo sospecha solo una pasó por esa mesa, ya que el resto fueron procedimientos negociados.

Respecto a los documentos manuscritos atribuidos a él por los investigadores en los que se reflejaban las presuntas irregularidades cometidas y que fueron hallados en los registros de su domicilio, aseguró que eran «fotocopias de fotocopias» y «en la mayoría no reconozco mi letra». E invirtió el relato para responsabilizar a las empresas de concertar entre ellas los precios en las ofertas que se presentaban a licitación. «No me extraña que las empresas tuvieran acuerdos previos», manifestó a preguntas de su abogado, Evaristo Nogueira, «es una derivada de la publicidad que hay que darle» a los proyectos de obra «de acuerdo con la legislación contractual. Luego nos encontramos con cosas como estas, que hay empresas que tienen conocimientos de cosas que no debieran».

El problema de Liñares es que, en el comienzo de la instrucción, confesó. Cantó todo, en ocasiones de su puño y letra, con nombres, apellidos y cantidades. Y la primera vez fue en un bar de Santa Comba ante los agentes de Vigilancia Aduanera a la vuelta de un registro en un domicilio suyo en Dumbría. «Es verdad que declaré lo que declaré», reconoció, «pero me encontraba mal» fruto de «presiones recurrentes y continuas» de los investigadores.,
Dos relatos imposibles de conciliar, dos realidades antagónicas en el primer día de juicio por las supuestas irregularidades de Francisco Fernández Liñares al frente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Por un lado, ocho empresarios relatando con todo lujo de detalles cómo el entonces presidente del organismo, de nueva creación, les pedía dinero antes de recibieran adjudicaciones de obra pública, comisiones que él mismo cobraba en metálico, en ocasiones llegando a alegar que «un amigo suyo tenía problemas de dinero». Por otro, el propio Liñares, negando todo lo anterior y parapetándose en que la licitación de obras no era cometido suyo en la Confederación, y que si los empresarios pactaban entre ellos repartirse las ofertas de las obras, era algo ajeno a su conocimiento. De paso, renegó de su confesión por escrito a los agentes de Vigilancia Aduanera en septiembre de 2012 por ser hecha «tras presiones recurrentes y continuas».

El testimonio prestado por ocho de los nueve empresarios encausados en el juicio viene condicionado por el acuerdo previo de conformidad alcanzado con la Fiscalía. De hecho, José Gayoso Varela, Manuel Santiso, José Manuel Río, Antonio Díaz Pérez, José Daniel Fernández, Manuel Álvarez, Javier Marcos Anchelergues y Manuel Ángel Pico solo contestaron a preguntas del Ministerio Público, para entre unos y otros ir configurando el relato acusatorio. De acuerdo con este, Liñares avisaba a unos u a otros cuando la Confederación iba a licitar a sacar alguna obra a concurso a través del procedimiento negociado, que requiere la concurrencia de tres ofertas. Aquel a quien se avisaba ya sabía que iba a ser adjudicatario de la misma, y podía buscar por su cuenta a otras dos empresas «para hacer bulto» o en ocasiones ya les venían dadas por la CHMS y se ahorraba el trámite. Antes de que se realizara la adjudicación, Liñares les pedía una cantidad que podría oscilar entre los 15.000 y los 25.000 euros por obra, y que cobraba con anterioridad a que se oficializara la concesión de la obra a la empresa.

La casuística para la entrega del dinero era diversa. Gayoso Varela afirmó en el plenario que Liñares le pidió el dinero «porque un amigo lo necesitaba, y me dijo si podía darle algo». Manuel Ángel Pico, que conocía al principal acusado por ser ambos militantes socialistas y coincidir en actos del partido en Lugo, lo hizo «porque me dijo que tenía muchos gastos». Santiso aseveró que el sobre con los billetes lo aportó «como detalle o agradecimiento por las obras en un momento muy difícil para su empresa». «Oiga, un detalle es una caja de bombones o una caja de vino», replicó el fiscal sorprendido. «Liñares me pidió el dinero expresamente», afirmó taxativo José Daniel Fernández, «si no, no me daba la obra». Este, incluso, «como gratificación», le plantó varios centenares de árboles en una finca que Liñares tenía en Monterroso, aunque acusado y fiscal no se pusieron de acuerdo en si eran 600 o 10.000.

La voz discordante entre los empresarios fue Julio Franco Criado, que pese a reconocer una amistad con Liñares, negó haber concertado con ninguna otra contrata precios en los procesos de licitación, haber pagado mordidas o que se le hubieran pedido en ningún momento. Y los trabajos fitosanitarios que realizó en propiedades del presidente de la CHMS fueron abonados contra factura y no como regalía de ningún tipo.

Liñares lo niega todo
Intervino el último en la primera sesión del juicio por expreso deseo de la Fiscalía, y no defraudó. Francisco Fernández Liñares, exconcejal socialista de Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil se hizo una enmienda a todo lo dicho por él mismo en la fase de instrucción que dirigió la juez Pilar de Lara. En contra de lo manifestado por el resto de acusados, rechazó de manera «absoluta» haber cobrado dinero por adjudicar obras desde el organismo, porque «en mi despacho no había nunca expedientes de contrataciones de obras». Liñares explicó, en su calidad de primer presidente de la Confederación, cómo puso en marcha la organización administrativa de la misma, y entre sus decisiones «a modo de garantía», destacó la incorporación «del abogado del Estado en la provincia y al interventor de Hacienda» en las mesas de contratación. Acto seguido, no obstante, reconoció que de todas las obras bajo sospecha solo una pasó por esa mesa, ya que el resto fueron procedimientos negociados.

Respecto a los documentos manuscritos atribuidos a él por los investigadores en los que se reflejaban las presuntas irregularidades cometidas y que fueron hallados en los registros de su domicilio, aseguró que eran «fotocopias de fotocopias» y «en la mayoría no reconozco mi letra». E invirtió el relato para responsabilizar a las empresas de concertar entre ellas los precios en las ofertas que se presentaban a licitación. «No me extraña que las empresas tuvieran acuerdos previos», manifestó a preguntas de su abogado, Evaristo Nogueira, «es una derivada de la publicidad que hay que darle» a los proyectos de obra «de acuerdo con la legislación contractual. Luego nos encontramos con cosas como estas, que hay empresas que tienen conocimientos de cosas que no debieran».

El problema de Liñares es que, en el comienzo de la instrucción, confesó. Cantó todo, en ocasiones de su puño y letra, con nombres, apellidos y cantidades. Y la primera vez fue en un bar de Santa Comba ante los agentes de Vigilancia Aduanera a la vuelta de un registro en un domicilio suyo en Dumbría. «Es verdad que declaré lo que declaré», reconoció, «pero me encontraba mal» fruto de «presiones recurrentes y continuas» de los investigadores.

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