Lun. Jun 14th, 2021

Frente a esa pulsión tan humana que arrastra a soñar con Josu Ternera sentado a toda costa en la Audiencia Nacional (AN) rindiendo cuentas al juez, conviene no perder de vista que las pruebas contra él reunidas en las cuatro causas que se le mantienen abiertas difícilmente darán de sí para una condena que lo encierre en una cárcel. Dicho de otro modo, de ser juzgado en España, hay muchas probabilidades de que terminara en la calle. «Ciertamente, las pruebas no son todo lo contundentes que desearíamos, pero se verá», apuntan desde la Fiscalía de la AN.

No hay ningún papel, una anotación en una agenda, un mensaje material, que demuestre que el terrorista ideó hacer estallar los 250 kilos de amonal que pulverizaron la Casa Cuartel de Zaragoza, quizás el más sobrecogedor de los crímenes por los que está perseguido el etarra y por el que sus compinches cumplen penas que alcanzan los 2.354 años de cárcel. La Asociación de Víctimas del Terrorismo, personada en la causa, sigue trabajando sin descanso en busca de material probatorio «para armar esa acusación», indica Carmen Ladrón de Guervara desde sus servicios jurídicos, que entiende que «a día de hoy», si hay alguna perspectiva de que el terrorista comparezca ante la justicia española, es por esta imputación. De momento Francia, –donde el etarra fue capturado en mayo de 2019 tras 17 años huido y permanece en arresto domiciliario bajo control telemático precisamente por los procesos que le esperan en nuestra país– aceptó en enero extraditarle para que afronte este juicio, aunque la decisión fue recurrida.

Para quienes estuvieron a punto de perder la vida en esta masacre de Zaragoza, la sola hipótesis de que el carnicero vuelva a España pero no acabe entre rejas provoca sacudidas.

«Si lo traen aquí lo soltarían, estoy segura, así es que mejor que se pudra en la cárcel en Francia», –lamenta Lucía Ruiz, hoy delegada de la AVT en Aragón, que junto a su familia sobrevivió milagrosamente a la explosión–, y que tras una vida atravesada por la secuela del atentado no renuncia, eso sí, a ver al terrorista en el banquillo. A poder ser, en el marco de una extradición temporal con billete de vuelta a una prisión gala. «Iría a verle la cara, no sé si me abriría heridas o me las cerraría ni sé cómo reaccionaría… ese señor dio orden para intentar matarme y es mi derecho verle ante la justicia», reivindica. Pascual Grasa, el guardia civil que custodiaba la Casa Cuartel la madrugada en que Henry Parot colocó el coche bomba, no difiere. «Deseo que sea entregado y juzgado aquí, pero si el régimen penitenciario es más duro en Francia, que cumpla allí… esta calaña de gente se merece lo peor».

Ambos expresan un temor grave a que, incluso si en un futuro Ternera fuera objeto de condena a cárcel en España, se lo arreglaran en los despachos. «Espero que no se fugue, que no reciba ningún trato favorable, siempre se benefician de la democracia apelando a una legalidad pero sin contribuir a la justicia», dice Pascual. «No quiero otro caso Bolinaga», advierte Lucía en recuerdo de Josu Uribetxeberria Bolinaga, carcelero de José Ortega Lara, que sobrevivió casi dos años y medio tras su puesta en libertad por un cáncer irreversible. Ternera también tiene cáncer.

El panorama que tiene por delante el terrorista pasa por la repetición entre el 19 y 22 de octubre de dos juicios en Francia por los que fue condenado en rebeldía a un total de 15 años de privación de libertad. Su defensa, ejercida por un equipo en el que está el letrado Gonzalo Boye –que representa los intereses de Carles Puigdemont o de Qim Torra– subraya a este diario que «puede salir absuelto», que es para lo que trabajan. Saldada entonces la factura francesa, añade el abogado, ningún traslado a España sería posible sin que antes se resuelvan el recurso contra la extradición por la causa de Zaragoza o el que han presentado contra la admisión este miércoles por parte de París de la Orden Europea de Detención (OEDE) que pide su entrega a nuestro país para juzgarle por su implicación en la financiación de ETA en 2000 a través de las herriko tabernas.

La fe en que el pistolero pagara entre rejas por esos hechos es poca. Por ellos se condenó a 35 etarras con penas mínimas que no superaron el año y diez meses de prisión. La acusación que tiene pendiente Ternera en este contexto es por integración en organización terrorista, y se da la circunstancia además de que podría decaer por considerarse «cosa juzgada» si Francia, en uno de los mencionados juicios a repetir, confirma la condena por el delito equivalente en el ordenamiento galo, «asociación de malhechores», que ya le impuso en ausencia en 2010.

Para Boye, la idea de que Ternera pudiera quedar libre en España por la vía que fuera no justifica ni hace deseable que ponga un pie aquí. «Tiene su vida hecha en Francia, y además no hay ninguna garantía de que no quieran meterle en más causas…. la que hay por lesa humanidad es por ochocientos y pico atentados de ETA, de esos, ya han hecho causa separada por lo del director de Michelin… quien dice que no van a querer hacer lo mismo con lo demás uno por uno».

Refiere el letrado el asesinato del directivo de la empresa de neumáticos por el que España también ha solicitado la extradición de Ternera, cuestión aún no respondida por Francia, que lo cree prescrito puesto que se remonta a 1980, y por tanto no puede encuadrarse en modo alguno dentro del proceso por delito de lesa humanidad que se imputa al etarra, ya que esa figura sólo existe para el ordenamiento jurídico español de 2004 en adelante.

Con arreglo a esta causa se persigue a los jefes politicos y militares de ETA en el siglo XXI, entre ellos Josu Ternera, que tendría en su haber particular los dos asesinados en el atentado de la T4 de Barajas de 2006. El proceso se inició tras una denuncia en 2013 de la asociación Dignidad y Justicia que preside Daniel Portero, -a su vez al frente de la Fundación Luis Portero García, su padre, asesinado por los terroristas en 2000- para quien, este procesamiento «es el más convincente», puesto que entiende que la responsabilidad de Ternera «ya está demostrada en informes judiciales, de la Guardia Civil, de la Ertzaina…». No obstante, Francia rechazó la OEDE cursada por España para entregarle en relación a esta acusación, aunque lo hizo debido a que la lesa humanidad no está tipificada en el país vecino.

Portero avanzó a este diario su intención de denunciar esta postura de Francia que tacha de «ilegalidad» ante el Parlamento Europeo y mostró confianza en que la persecución judicial por lesa humanidad irá adelante. «Él lo va a sufrir procesalmente, el lo único que puedo prometer», zanjó Portero.,
Frente a esa pulsión tan humana que arrastra a soñar con Josu Ternera sentado a toda costa en la Audiencia Nacional (AN) rindiendo cuentas al juez, conviene no perder de vista que las pruebas contra él reunidas en las cuatro causas que se le mantienen abiertas difícilmente darán de sí para una condena que lo encierre en una cárcel. Dicho de otro modo, de ser juzgado en España, hay muchas probabilidades de que terminara en la calle. «Ciertamente, las pruebas no son todo lo contundentes que desearíamos, pero se verá», apuntan desde la Fiscalía de la AN.

No hay ningún papel, una anotación en una agenda, un mensaje material, que demuestre que el terrorista ideó hacer estallar los 250 kilos de amonal que pulverizaron la Casa Cuartel de Zaragoza, quizás el más sobrecogedor de los crímenes por los que está perseguido el etarra y por el que sus compinches cumplen penas que alcanzan los 2.354 años de cárcel. La Asociación de Víctimas del Terrorismo, personada en la causa, sigue trabajando sin descanso en busca de material probatorio «para armar esa acusación», indica Carmen Ladrón de Guervara desde sus servicios jurídicos, que entiende que «a día de hoy», si hay alguna perspectiva de que el terrorista comparezca ante la justicia española, es por esta imputación. De momento Francia, –donde el etarra fue capturado en mayo de 2019 tras 17 años huido y permanece en arresto domiciliario bajo control telemático precisamente por los procesos que le esperan en nuestra país– aceptó en enero extraditarle para que afronte este juicio, aunque la decisión fue recurrida.

Para quienes estuvieron a punto de perder la vida en esta masacre de Zaragoza, la sola hipótesis de que el carnicero vuelva a España pero no acabe entre rejas provoca sacudidas.

«Si lo traen aquí lo soltarían, estoy segura, así es que mejor que se pudra en la cárcel en Francia», –lamenta Lucía Ruiz, hoy delegada de la AVT en Aragón, que junto a su familia sobrevivió milagrosamente a la explosión–, y que tras una vida atravesada por la secuela del atentado no renuncia, eso sí, a ver al terrorista en el banquillo. A poder ser, en el marco de una extradición temporal con billete de vuelta a una prisión gala. «Iría a verle la cara, no sé si me abriría heridas o me las cerraría ni sé cómo reaccionaría… ese señor dio orden para intentar matarme y es mi derecho verle ante la justicia», reivindica. Pascual Grasa, el guardia civil que custodiaba la Casa Cuartel la madrugada en que Henry Parot colocó el coche bomba, no difiere. «Deseo que sea entregado y juzgado aquí, pero si el régimen penitenciario es más duro en Francia, que cumpla allí… esta calaña de gente se merece lo peor».

Ambos expresan un temor grave a que, incluso si en un futuro Ternera fuera objeto de condena a cárcel en España, se lo arreglaran en los despachos. «Espero que no se fugue, que no reciba ningún trato favorable, siempre se benefician de la democracia apelando a una legalidad pero sin contribuir a la justicia», dice Pascual. «No quiero otro caso Bolinaga», advierte Lucía en recuerdo de Josu Uribetxeberria Bolinaga, carcelero de José Ortega Lara, que sobrevivió casi dos años y medio tras su puesta en libertad por un cáncer irreversible. Ternera también tiene cáncer.

El panorama que tiene por delante el terrorista pasa por la repetición entre el 19 y 22 de octubre de dos juicios en Francia por los que fue condenado en rebeldía a un total de 15 años de privación de libertad. Su defensa, ejercida por un equipo en el que está el letrado Gonzalo Boye –que representa los intereses de Carles Puigdemont o de Qim Torra– subraya a este diario que «puede salir absuelto», que es para lo que trabajan. Saldada entonces la factura francesa, añade el abogado, ningún traslado a España sería posible sin que antes se resuelvan el recurso contra la extradición por la causa de Zaragoza o el que han presentado contra la admisión este miércoles por parte de París de la Orden Europea de Detención (OEDE) que pide su entrega a nuestro país para juzgarle por su implicación en la financiación de ETA en 2000 a través de las herriko tabernas.

La fe en que el pistolero pagara entre rejas por esos hechos es poca. Por ellos se condenó a 35 etarras con penas mínimas que no superaron el año y diez meses de prisión. La acusación que tiene pendiente Ternera en este contexto es por integración en organización terrorista, y se da la circunstancia además de que podría decaer por considerarse «cosa juzgada» si Francia, en uno de los mencionados juicios a repetir, confirma la condena por el delito equivalente en el ordenamiento galo, «asociación de malhechores», que ya le impuso en ausencia en 2010.

Para Boye, la idea de que Ternera pudiera quedar libre en España por la vía que fuera no justifica ni hace deseable que ponga un pie aquí. «Tiene su vida hecha en Francia, y además no hay ninguna garantía de que no quieran meterle en más causas…. la que hay por lesa humanidad es por ochocientos y pico atentados de ETA, de esos, ya han hecho causa separada por lo del director de Michelin… quien dice que no van a querer hacer lo mismo con lo demás uno por uno».

Refiere el letrado el asesinato del directivo de la empresa de neumáticos por el que España también ha solicitado la extradición de Ternera, cuestión aún no respondida por Francia, que lo cree prescrito puesto que se remonta a 1980, y por tanto no puede encuadrarse en modo alguno dentro del proceso por delito de lesa humanidad que se imputa al etarra, ya que esa figura sólo existe para el ordenamiento jurídico español de 2004 en adelante.

Con arreglo a esta causa se persigue a los jefes politicos y militares de ETA en el siglo XXI, entre ellos Josu Ternera, que tendría en su haber particular los dos asesinados en el atentado de la T4 de Barajas de 2006. El proceso se inició tras una denuncia en 2013 de la asociación Dignidad y Justicia que preside Daniel Portero, -a su vez al frente de la Fundación Luis Portero García, su padre, asesinado por los terroristas en 2000- para quien, este procesamiento «es el más convincente», puesto que entiende que la responsabilidad de Ternera «ya está demostrada en informes judiciales, de la Guardia Civil, de la Ertzaina…». No obstante, Francia rechazó la OEDE cursada por España para entregarle en relación a esta acusación, aunque lo hizo debido a que la lesa humanidad no está tipificada en el país vecino.

Portero avanzó a este diario su intención de denunciar esta postura de Francia que tacha de «ilegalidad» ante el Parlamento Europeo y mostró confianza en que la persecución judicial por lesa humanidad irá adelante. «Él lo va a sufrir procesalmente, el lo único que puedo prometer», zanjó Portero.

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